En febrero, los miembros del Concejo le pidieron al administrador municipal (City Manager) los números de los celulares que la ciudad asigna a los jefes de departamento, para poder comunicarse con ellos directamente cuando llama un residente. La respuesta fue no. Los asuntos de los residentes, escribió el administrador municipal, pasan por el director de Servicios al Constituyente (Director of Constituent Services).
La solicitud y la respuesta
La Orden 2612 del Concejo pedía “una lista de los números de celular asignados por la Ciudad”. La respuesta, 26CM24, leída en el acta el 2 de marzo, comienza con elogios para “un equipo de liderazgo tan dedicado y talentoso” y enuncia los dos valores de la administración, “capacidad de respuesta y rendición de cuentas”. Luego explica que la ciudad tiene una oficina de servicios al constituyente precisamente para este propósito y que los concejales deben usarla. Los números de teléfono no se entregaron.
Tres semanas después, Giovanni Recupero, miembro del Concejo, presentó la Orden 2625, que le pide a la presidencia del Concejo establecer un proceso para que el Concejo contrate a su propio abogado “en caso de que el Concejo Municipal desee una segunda opinión legal” independiente del Procurador Municipal (City Solicitor). Las dos órdenes tratan de lo mismo. El Concejo quiere líneas hacia el poder ejecutivo que no pasen por la oficina del administrador municipal, y la posición del administrador municipal es que la carta orgánica lo coloca a él entre los dos.
La carta orgánica
Chelsea tiene un gobierno de concejo y administrador, establecido en la carta orgánica después de la sindicatura (receivership) de 1994. El Concejo fija las políticas y el presupuesto y contrata al administrador; el administrador dirige los departamentos. La cláusula de no interferencia de la carta orgánica prohíbe a los concejales dar órdenes a los empleados de la ciudad, y un administrador que permite que once concejales llamen directamente a sus jefes de departamento tiene, en la práctica, once jefes para cada uno de ellos. Ese es el argumento para canalizar las llamadas a través de servicios al constituyente, y no es un mal argumento.
El argumento del otro lado es práctico. Un concejal cuyo distrito tiene una rotura de una tubería principal de agua a las 9 p.m. quiere al comisionado de Obras Públicas (DPW), no un buzón de voz en la Alcaldía. Los números de celular de la ciudad de los jefes de departamento también son registros públicos; una solicitud de registros los produciría, y es de suponer que la administración lo sabe. Negarse a entregarlos en una respuesta al Concejo, mientras se remite la solicitud a una oficina que controla el administrador, es una declaración sobre quién le responde a quién.
La evaluación anual del administrador municipal por parte del Concejo está en marcha, presidida por Taylor, con T. Garcia, Santagate, Recupero y Brown, todos miembros del Concejo. La respuesta sobre los celulares, la orden de la segunda opinión y las disputas del año sobre registros públicos son las fricciones que la evaluación tendrá que sopesar, y este es el ejemplo más pequeño y más claro de ellas.