Chelsea recibió el primer pago de la tarifa de enlace (linkage fee) que cobra a los grandes desarrollos: $570,712, del proyecto de 295 Eastern Avenue. El administrador municipal Fidel Maltez quiere usarlo en servicios sociales que hoy se pagan con dinero federal de la pandemia. Ese dinero se acaba el 31 de diciembre. El lunes por la noche, el Concejo Municipal no aprobó la solicitud. La envió a un comité de conferencia de todo el Concejo, después de que el concejal Todd Taylor preguntara si el fondo se convertiría en “the slush fund for nonprofits” (una caja chica para las organizaciones sin fines de lucro).
Qué pidió el administrador municipal
La carta de Maltez pide al Concejo que le permita gastar “hasta $570,712” del fondo de la tarifa de enlace de impacto comunitario “para apoyar servicios sociales y programas elegibles que actualmente se financian con ARPA”, la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. El Concejo adoptó la tarifa de enlace en 2022. Con ella, los grandes desarrollos que califican aportan a un fondo para necesidades de la comunidad. Maltez dijo que el pago de 295 Eastern Avenue es “el primer pago de tarifa de enlace recibido por la Ciudad” desde que se adoptó la política. Escribió que los programas financiados con ARPA “han brindado una ayuda importante a los residentes de Chelsea” y que su financiamiento “está previsto que termine el 31 de diciembre de 2026”. La carta no dice qué programas ni qué agencias recibirían el dinero.
“No solo un permiso en blanco”
El concejal Calvin Brown propuso enviar la orden al Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means). Taylor se opuso. “Creo que esto es algo que concierne a más que solo Medios y Arbitrios, así que quizá podamos enviarlo a un subcomité en conferencia para que todos tengan la oportunidad de opinar”, dijo Taylor. “Esto necesita un poco más de detalle y estructura, diría yo, y no solo un permiso en blanco”.
Taylor siguió: “Aparentemente va a entrar más dinero a este fondo, ¿y esto va a ser simplemente la caja chica para las organizaciones sin fines de lucro? Así que tenemos que averiguar exactamente qué está pasando, cuánto y cuáles son las reglas”. Brown cambió su moción para enviar la orden a conferencia, y nadie se opuso.
El concejal Giovanni Recupero preguntó si habría una audiencia pública. El presidente del Concejo, Roberto Jimenez-Rivera, dijo que el público no puede comentar en un comité de conferencia, pero que los residentes pueden hablar en cualquier reunión ordinaria del Concejo antes de que la orden vuelva a votación. Recupero también preguntó por cuántos años se pagaría la tarifa. Jimenez-Rivera dijo que, según entiende, “es un pago único”. Solo entraría más dinero al fondo si otros desarrollos pagan la tarifa. No se ha fijado fecha para el comité de conferencia.
DeJesus se aparta
La orden figuraba en la agenda a nombre de la vicepresidenta Norieliz DeJesus. Antes de que el secretario terminara de leer la carta, Jimenez-Rivera dijo que DeJesus se recusaba “debido a su empleo”. El secretario dijo que la orden se había presentado a su nombre “antes de que ella supiera que la orden podría estar relacionada con su empleador”. La orden no nombra ninguna agencia, dijo el secretario, así que la recusación “no era obligatoria”. Pero “dado que es muy probable que su empleador sea una agencia que podría recibir fondos”, se le aconsejó apartarse “por precaución”. Jimenez-Rivera dijo que el consejo vino del abogado municipal. Si la orden llegara a nombrar organizaciones concretas, dijo el secretario, “entonces sería problemático”.
Contexto
Informamos por primera vez sobre la solicitud en nuestro adelanto del paquete del Concejo del lunes. La discusión completa está en nuestra transcripción de la reunión (en inglés). Asistieron nueve concejales. El concejal Hines estaba fuera por una boda y la concejala Tanairi Garcia faltó por un asunto de salud familiar, dijo Jimenez-Rivera.