Roy Avellaneda, el exconcejal que redactó la ley de la tarifa de enlace (linkage fee) de Chelsea, pide al Concejo Municipal que rechace la solicitud del administrador municipal de gastar los primeros $570,712 que ha generado esa tarifa. En una carta abierta publicada en Facebook el lunes por la noche, dijo que la orden no indica quién recibiría el dinero, cuánto recibiría cada uno ni para qué se usaría.
“Al Concejo Municipal se le está pidiendo, en la práctica, aprobar el gasto de más de medio millón de dólares sin saber quién recibirá el dinero, cuánto recibirá cada beneficiario ni cómo los gastos propuestos avanzarán los objetivos de la ordenanza”, escribió Avellaneda (traducción nuestra).
Qué se le pide al Concejo
El dinero es el primer pago de la tarifa, proveniente del desarrollo de 295 Eastern Avenue. El administrador municipal Fidel Maltez quiere usarlo para mantener programas de servicios sociales cuando se acabe su dinero federal de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), el 31 de diciembre. La orden, ID 26F56, le permitiría gastar “hasta $570,712” en “servicios sociales y programas elegibles que actualmente se financian con” ARPA. No nombra ningún programa ni agencia.
En su reunión del 19 de octubre, el Concejo envió la orden a un comité de conferencia de todo el Concejo en vez de votarla. El concejal Todd Taylor dijo que necesitaba “más detalle y estructura” y preguntó si el fondo se convertiría en “the slush fund for nonprofits” (una caja chica para las organizaciones sin fines de lucro). La vicepresidenta Norieliz DeJesus, cuyo nombre aparecía en la orden, se recusó porque su empleador podría ser una de las agencias que reciban dinero. No hay fecha para la reunión del comité de conferencia. No aparece en las agendas de conferencia del 26 ni del 27 de octubre.
El argumento de Avellaneda
Avellaneda escribió que no está en contra de los grupos de servicios sociales que podrían recibir el dinero. “La pregunta ante el Concejo no es si las organizaciones de servicios sociales de Chelsea merecen apoyo económico. Muchas sin duda lo merecen”, escribió. Su objeción, dijo, es “la total falta de transparencia, participación pública y rendición de cuentas” en la solicitud.
Dijo que antes de la ordenanza, el dinero de los grandes desarrollos se “negociaba mayormente entre los desarrolladores y el administrador municipal, a menudo lejos de la vista del público”, sin una fórmula fija y con poco papel para el Concejo. La tarifa de enlace buscaba cambiar eso. Citó una línea de la ordenanza: “El Concejo Municipal, como cuerpo legislativo debidamente elegido de Chelsea, es responsable tanto de identificar los impactos como de determinar la mitigación apropiada.”
Enumeró cinco preguntas que, según él, la orden deja sin responder: quién recibe el dinero, cuánto recibe cada uno, qué servicios paga, cómo se relaciona el gasto con los efectos del proyecto de 295 Eastern Avenue, y por qué los programas que hoy paga ARPA deben ir antes que otros usos permitidos. “Las tarifas de enlace no deberían convertirse automáticamente en una fuente de reemplazo para subvenciones federales que vencen sin una evaluación transparente de las necesidades de la comunidad y de otros usos elegibles”, escribió.
Lo que propone
Avellaneda pidió al Concejo:
- votar en contra de la orden de $570,712 tal como está escrita;
- crear un subcomité del Concejo para revisar el gasto de la tarifa de enlace;
- anunciar públicamente que el dinero está disponible;
- crear un proceso de solicitudes con fechas límite y criterios publicados, siguiendo el modelo de cómo la ciudad reparte el dinero de la Ley de Preservación Comunitaria (CPA); y
- exigir que cada propuesta nombre al beneficiario, el monto, el uso y el beneficio esperado antes de que el Concejo vote.
Firmó la carta como “exconcejal de Chelsea, autor de la Ordenanza de Tarifas de Enlace para el Desarrollo”.
Qué dice la ley
La tarifa se basa en una ley especial que la Legislatura aprobó a pedido de Chelsea, el Capítulo 232 de las Leyes de 2022, firmado el 4 de octubre de 2022. Dice que el dinero del Fondo de la Tarifa de Enlace de Impacto Comunitario puede gastarse “por recomendación del administrador municipal y con el voto de la mayoría del Concejo Municipal”, y solo en cinco tipos de cosas: vivienda asequible; “el apoyo a servicios sociales dentro de la ciudad”; desarrollo laboral, creación de empleo y educación; recreación juvenil; y espacios públicos, tránsito y obras que estén en el plan de capital de cinco años de la ciudad. Los servicios sociales están en la lista, y la carta de Avellaneda lo reconoce. Su argumento es sobre cuánto detalle debe exigir el Concejo antes de votar, no sobre si la solicitud está permitida.
Avellaneda dijo que presentó la ordenanza en 2022 y que, después de dejar el Concejo, el entonces presidente del Concejo Leo Robinson la volvió a presentar por él. La copia que Avellaneda publicó con su carta tiene fecha del 27 de febrero de 2023 y la firma de Robinson. Cobra a los proyectos comerciales e industriales de más de 25,000 pies cuadrados $12.50 por pie cuadrado por encima de ese tamaño, y a los proyectos residenciales y mixtos de más de 25,000 pies cuadrados con 24 o más unidades $10 por pie cuadrado por encima de ese tamaño. La mitad se paga al emitirse el permiso de construcción y la otra mitad con el certificado de ocupación.
Qué sigue
La orden vuelve al pleno del Concejo para votación después de que se reúna el comité de conferencia. En la reunión del 19 de octubre, el presidente del Concejo Roberto Jimenez-Rivera dijo que el público no puede hablar en un comité de conferencia, pero los residentes pueden hablar en el período de comentarios públicos de cualquier reunión ordinaria del Concejo antes de la votación. Nuestra nota del 19 de octubre tiene la primera discusión del Concejo sobre la solicitud.
Lea la carta completa de Avellaneda en Facebook (en inglés).